Reelección de Óscar Chinchilla fortalece trabajo de la MACCIH

Resúmenes de los casos de corrupción Pacto de Impunidad y Pandora, se encuentra en el informe de Luiz Guimaraes Marrey, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que presentó ayer en Washington, Estados Unidos, el quinto informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que destaca los casos presentados y las recomendaciones para fortalecer la lucha anticorrupción, trabajados en conjunto con fiscales del Ministerio Público.

Es de mencionar que uno de los mayores garantes para que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) continúe con ese ímpetu la investigación y la respectiva acusación contra los corruptos, la complementa la continuidad del fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, debido a que en su recién pasada gestión dio nacimiento a la UFECIC.

El quinto informe lo entregó y lo expuso el doctor Guimaraes, al Consejo Permanente de OEA, en el que destaca las últimas acciones emprendidas en los últimos seis meses, como los casos Caja de Pandora, Pacto de Impunidad.

En el documento se expone los logros y desafíos de las tres divisiones actuales, en la ejecución del mandato establecido en el convenio entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) para esta Misión, el documento abarca el período comprendido entre el 19 de abril y 19 de octubre de 2018.

Las primeras frases del Dr. Guimaraes Marrey describen el inicio de su liderazgo: “Respeto y estimo al pueblo hondureño, y estoy muy satisfecho de poder trabajar aquí. Voy a poner mi experiencia a su servicio, y sepan que contamos con un valeroso y competente equipo de trabajo para cumplir con los objetivos de la Misión. Quiero agradecer también la buena acogida de este equipo, en el que ya pude apreciar un alto nivel de profesionalismo y dedicación”.

La Unidad de Acompañamiento y Colaboración Activa de la División de Prevención y Combate a la Corrupción sigue acompañando los casos de redes de corrupción de alto impacto, en sede fiscal y judicial a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC/MP). Los casos judicializados durante este período, conocidos como “Pacto de Impunidad” y “Pandora”, son ejemplos de la importancia de este trabajo de acompañamiento y fortalecimiento institucional, pues rompen paradigmas al presentar a la Corte Suprema estos delitos contra la administración pública, la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras.

Durante este período se destaca además el primer proceso de privación de dominio que ha formulado la UFECIC, produciendo un amplio debate jurídico sobre la responsabilidad civil de personas jurídicas que se beneficiaron con bienes ilícitos.

En el ejercicio de preparar o retomar propuestas de leyes, con el apoyo técnico de jueces y fiscales internacionales, se encuentran los proyectos de Ley de Colaboración Eficaz y reformas de clasificación de documentos públicos de seguridad y defensa nacional. Se suman propuestas de mecanismos de probidad empresarial e iniciativas especiales para la prevención de la corrupción.

También dentro de las acciones de colaboración entre la MACCIH con los operadores de justicia, se destacan las capacitaciones de funcionarios del Estado incorporando temas de otras áreas del derecho, además del derecho penal, como administrativo y bancario.

El 11 de junio de 2018, el Observatorio del Sistema de Justicia Penal conformó la primera mesa técnica interinstitucional del año, comparando los datos con los obtenidos el 2017 para alimentar la matriz de indicadores. Se tuvieron reuniones con el Comité Provisional del Observatorio, integrado por organizaciones de sociedad civil y academia, además se organizaron conversatorios con la sociedad civil y se realizaron encuestas con funcionarios del sistema de justicia penal de Honduras.

La División de Seguridad Pública ha venido trabajando de manera conjunta con el

Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la SG/OEA, en el establecimiento de una “Hoja de Ruta para el Seguimiento, Recomendaciones del Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de Honduras”. Sobre este particular la división ha venido trabajando con algunas de las contrapartes nacionales Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario, entre otros, con el objeto de hacerle seguimiento y brindar asesorías para el apoyo de estas instituciones.

CAMBIOS SEVEROS

El secretario de OEA, Luis Almagro, reconoció el trabajo efectuado en pocos meses por el brasileño Luiz Marrey y remarcó que, “las acciones emprendidas por la MACCIH en los últimos seis meses crearon cambios severos en las instituciones de Honduras, para que la corrupción y la impunidad no sigan como antes, reconozco liderazgo de Luiz Marrey y todo el equipo de la Misión”.

Igualmente, destacó que en el marco de un nuevo sistema anticorrupción en Honduras apoyado por la OEA-MACCIH, se han investigado y judicializado casos de corrupción sin precedentes como: Pacto de Impunidad y Pandora, entre otros.

RECOMENDACIONES

La OEA-MACCIH reitera como su principal prioridad el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), así como de los Juzgados y Tribunales contra la Corrupción con Competencia Nacional.

También, plantean que el Ministerio Público como la contraparte más importante de la MACCIH-OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad, es indispensable que esta institución mantenga la independencia que por mandato constitucional le corresponde.

La MACCIH-OEA reitera que es necesaria la consolidación de herramientas jurídicas que permitan profundizar las investigaciones, lograr detectar las redes de corrupción que vinculan altos funcionarios del Estado y personas del sector privado, por ello ha propuesto un nuevo proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz.

Señalan en el documento, la urgente necesidad de la implementación de un protocolo de protección de testigos, que de manera efectiva garantice la vida de estos y su comparecencia ante los jueces competentes, para que se pueda llevar adelante con garantía de éxito, investigaciones de alto perfil que involucren a personas con determinado poder real, político y económico.

Siempre en el informe la Misión propone una Ley de Carrera Fiscal y Judicial, que regule el sistema de acceso a la misma, la permanencia y ascenso, así como el control disciplinario, de manera de hacer un refuerzo de las carreras y asegurar las garantías necesarias a su ejercicio.

Además de ello confirma que es necesaria la formulación de la Ley de Responsabilidad Empresarial que constituirá el marco normativo para fortalecer los pactos contra la corrupción.

Puntualmente, la Misión recomienda que, siendo las interceptaciones telefónicas y de comunicaciones, una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción, deben ser los órganos persecutores del delito quienes puedan disponer de dicho instrumento de manera autónoma, para que de este modo sirvan como herramienta durante las investigaciones. Se precisa que esta medida constituye una restricción al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que deberá ser, como regla general, autorizada y supervisada por el órgano judicial competente.

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