EE.UU. suspende cancelación del TPS a hondureños y nepalíes

DESDE EL 2020 TENDRÁN AMPLIACIONES AUTOMÁTICAS DE 9 MESES

Esperarán una resolución judicial definitiva, mientras los compatriotas siguen protegidos.

Luego que el 12 de febrero pasado ciudadanos de Honduras y de Nepal y sus hijos estadounidenses demandaran al gobierno de Estados Unidos por haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), la administración de Donald Trump decidió cancelar la suspensión y puso el destino del programa humanitario en manos de los tribunales de justicia.

El TPS de Honduras fue cancelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 4 de mayo de 2018 y concedió una última extensión hasta el 5 de enero de 2020 para más de 44,000 beneficiarios.

La decisión del gobierno permitirá a los compatriotas y a los nepalíes gozar de ampliaciones automáticas de 9 meses desde enero de 2020 hasta que los tribunales tomen una decisión definitiva. Hondureños y nepalíes demandaron en febrero pasado luego del éxito obtenido por ciudadanos de Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua, quienes en el 2018 habían logrado la cancelación de la orden gubernamental de suspender el TPS.

Ellos fueron acuerpados por La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entidad que también apoya la demanda de hondureños y nepalíes.

El 3 de octubre de 2018 el juez de California, Edward Chen, emitió una orden temporal en contra de la decisión de Trump de suspender el TPS para los cuatro países.

El magistrado alegó que la decisión pudo haber estado motivada por prejuicios racistas y enumeró varios comentarios y decisiones de Trump sobre el fin del TPS de tipo racial. La resolución ordena la ampliación automática de los permisos de residencia y de trabajo por 9 meses mientras las cortes estadounidenses dan una solución final.

En el caso de la demanda de hondureños y nepalíes, fue presentada ante un tribunal de distrito en San Francisco en nombre de seis inmigrantes con TPS y de dos ciudadanos estadounidenses que son hijos de beneficiarios de dicho estatus.

El expediente es conocido como “Bhattarai contra Nielsen” y en él los abogados de los demandantes exponen los mismos argumentos legales que se defendieron en la denuncia anterior, presentada por los otros cuatro países.

Además, mantienen que poner fin a este programa es inconstitucional porque exige a los hijos de los beneficiarios del TPS, muchos de los cuales están en edad escolar, que decidan entre quedarse en Estados Unidos o regresar con sus familias a su país.

Con la decisión del gobierno estadounidense se aplicarán a los hondureños los mismos criterios judiciales de Chen y que favorecen a los ciudadanos de las cuatro nacionalidades mencionadas.

Ahora habrá que esperar qué resuelven las cortes federales, el curso de las apelaciones que presente el gobierno a través del Departamento de Justicia, los dictámenes en esta instancia, posibles apelaciones y probablemente, aseguran activistas, el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.

Según la vicecanciller Nelly Jerez, la decisión permitirá ganar un poco más de tiempo para aquellos hondureños que puedan legalizarse o buscar otro tipo de documento para permanecer en Estados Unidos.

Activistas hondureños se mostraron cautelosos y abogaron por buscar soluciones definitivas.


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