Detención judicial para abogados de «Los Cachiros»
ACUSADOS POR LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA EL LAVADO
Estaban prófugos desde marzo de 2018, cuando se ejecutó la Operación Apolo. Hace 11 días les presentaron otro requerimiento por defraudar al Estado para favorecer a Los Cachiros.
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en audiencia de declaración de imputado impuso la medida cautelar de la detención judicial contra los abogados Francisco Arturo Mejía; su esposa, Waldina Lizzette Salgado Pérez; y al hijo de ambos Roberto Arturo Mejía Salgado, a quienes se les considera haber estado al servicio del cartel de Los Cachiros.
Ellos están acusados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos. El Poder Judicial informó que los imputados se presentaron voluntariamente al despacho judicial ubicado en las instalaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en El Ocotal, Comayagüela.
La audiencia inicial se estableció para las 09:30 de la mañana del martes 2 de abril. Los imputados guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara.
PRÓFUGOS
Los procesados estaban prófugos desde marzo del 2018, cuando la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia
Técnica de Investigación Criminal, ejecutaron la Operación Apolo contra una estructura acusada de lavar activos y ser testaferros de la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros). Esta operación dejó como resultado el aseguramiento de 84 bienes, 31 vehículos y 16 empresas mercantiles.
Adicionalmente el 18 de marzo de este año, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) con asistencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), acusaron a 10 personas por el caso “Patuca III Colusión y Corrupción”, en el cual se señala una millonaria defraudación contra el Estado para favorecer al cártel de Los Cachiros. Entre los requeridos estaban los ahora encarcelados. Ellos aparecían como representantes de las empresas Acrópolis, Lutopas y Commsa (propiedad de Los Cachiros), que habrían ejecutado compras por 2.7 millones de lempiras en artículos que vendieron a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en 6.8 millones, lo que significó un fraude de más de 4 millones de lempiras.
“De acuerdo con las investigaciones, ellos como profesionales del Derecho fueron representantes y crearon una serie de empresas como Inrimar (Inversiones Rivera Maradiaga), Acrópolis, Metrópolis y en ese sentido se les vincula al lavado de activos y a la asociación ilícita para lavar activos”. Ruy Gabriel Barahona, vocero judicial.
CONTRATOS
La constructora Apolo se encargó de hacer un complejo de viviendas en el proyecto Patuca III. Las empresas Lutopas y Commsa fueron contratadas para amueblarlas y darles mantenimiento. Los contratos eran de varios millones.
