Detención judicial para abogados de “Los Cachiros”

ACUSADOS POR LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA EL LAVADO

Estaban prófugos desde marzo de 2018, cuando se ejecutó la Operación Apolo. Hace 11 días les presentaron otro requerimiento por defraudar al Estado para favorecer a Los Cachiros.

El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en audiencia de declaración de imputado impu­so la medida cautelar de la deten­ción judicial contra los abogados Francisco Arturo Mejía; su espo­sa, Waldina Lizzette Salgado Pérez; y al hijo de ambos Roberto Arturo Mejía Salgado, a quienes se les con­sidera haber estado al servicio del cartel de Los Cachiros.

Ellos están acusados por los de­litos de lavado de activos y asocia­ción ilícita para lavar activos. El Po­der Judicial informó que los imputa­dos se presentaron voluntariamen­te al despacho judicial ubicado en las instalaciones de la Fuerza de Se­guridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en El Ocotal, Comayagüela.

La audiencia inicial se estable­ció para las 09:30 de la mañana del martes 2 de abril. Los imputados guardan prisión en la Penitencia­ría Nacional de Támara.

PRÓFUGOS

Los procesados estaban prófu­gos desde marzo del 2018, cuan­do la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia

Técnica de Investigación Crimi­nal, ejecutaron la Operación Apolo contra una estructura acusada de lavar activos y ser testaferros de la familia Rivera Maradiaga (Los Ca­chiros). Esta operación dejó como resultado el aseguramiento de 84 bienes, 31 vehículos y 16 empresas mercantiles.

Adicionalmente el 18 de marzo de este año, la Unidad Fiscal Es­pecial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) con asistencia de la Misión de Apoyo contra la Co­rrupción y la Impunidad en Hon­duras (Maccih), acusaron a 10 per­sonas por el caso “Patuca III Colu­sión y Corrupción”, en el cual se señala una millonaria defrauda­ción contra el Estado para favore­cer al cártel de Los Cachiros. En­tre los requeridos estaban los ahora encarcelados. Ellos aparecían co­mo representantes de las empre­sas Acrópolis, Lutopas y Commsa (propiedad de Los Cachiros), que habrían ejecutado compras por 2.7 millones de lempiras en artículos que vendieron a la Empresa Na­cional de Energía Eléctrica en 6.8 millones, lo que significó un fraude de más de 4 millones de lempiras.

“De acuerdo con las investi­gaciones, ellos como profe­sionales del Derecho fueron representantes y crearon una serie de empresas como Inrimar (Inversiones Rive­ra Maradiaga), Acrópolis, Metrópolis y en ese sentido se les vincula al lavado de activos y a la asociación ilícita para lavar activos”. Ruy Gabriel Barahona, vocero judicial.

CONTRATOS

La constructora Apolo se encargó de hacer un com­plejo de viviendas en el pro­yecto Patuca III. Las empre­sas Lutopas y Commsa fue­ron contratadas para amue­blarlas y darles manteni­miento. Los contratos eran de varios millones.